HISTORIA DE LA CNT-AIT

El Caso Scala. Un proceso contra el anarcosindicalismo

El Scala arde tras el atentadoLos sucesos relacionados con el llamado Caso Scala constituyen un proceso de capital importancia en la historia reciente del Movimiento Libertario en general y de la CNT en particular. En la CNT, una organización que se había reconstruido tan sólo dos años antes, después del largo período de la dictadura franquista, que se hallaba inmersa en una fuerte tensión entre diferentes tendencias internas que pugnaban entre sí, compuesta en su inmensa mayoría por jóvenes recién llegados a quienes sobraba entusiasmo y faltaba formación y experiencia, aquellos acontecimientos supusieron un duro golpe que no logró recuperarse. Aquellos sucesos siguen sin esclarecerse plenamente.

 ¡Arde el Scala!

Poco después de las trece horas del domingo 15 de enero de 1978 se desencadenó un enorme incendio que destruyó por completo la sala de fiestas Scala de Barcelona. Al asombro que causó el suceso hubo que sumar el estupor por las muertes de cuatro trabajadores –Ramón Egea, Bernabé Bravo, Juan López y Diego Montoro– que se encontraban en el local en aquellos momentos, y que perecieron víctimas de las llamas o por asfixia, debido a los humos y gases provocados por el fuego.

Por aquellos días los ciudadanos estaban acostumbrados a las noticias de atentados terroristas. A nadie asombraba el asesinato de policías o militares, los coches-bomba y demás actos que resultaban casi habituales en aquella época. Sin embargo, un atentado contra una sala de fiestas era algo que resultaba inverosímil por lo absurdo y disparatado de la idea. Probablemente por ello en los primeros momentos se aventuraron toda clase de hipótesis. Algunos medios achacaron el atentado a vulgares asesinos, otros lo relacionaron con cuestiones particulares relacionadas con la sala de fiestas, algunos llegaron a establecer una relación con la campaña en pro de la libertad de expresión que por aquel entonces se desarrollaba en solidaridad con el dramaturgo Albert Boadella. Pero la duda y la incredulidad siguió siendo la tónica general para la inmensa mayoría hasta que, tan sólo cuarenta y ocho horas después, el martes día 17 un comunicado de la policía informó de la detención de todos los autores del atentado, a quienes inmediatamente se relacionó con la CNT. 1

Efectivamente los detenidos eran todos afiliados a la CNT y poco antes del atentado habían participado en una manifestación que esa organización había convocado para protestar contra los Pactos de la Moncloa. Al finalizar la manifestación –según la policía– los acusados se habían dirigido a la sala de fiestas lanzando contra ella seis cócteles molotov que ocasionaron el incendio y la muerte de los cuatro trabajadores que se hallaban dentro –por cierto todos ellos afiliados a la CNT. De esta manera quedó establecida la relación de los detenidos con la CNT y el atentado con la manifestación.

Sin duda lo que más sorprende es la insólita eficacia policial que había permitido encontrar a los culpables entre las 10.000 personas que aproximadamente participaron en la manifestación. Cómo consiguió la policía barcelonesa este alarde de perfección es algo que no se llegaría a saber hasta algún tiempo después. En aquel momento sólo dio lugar a toda clase de conjeturas que tenían como común denominador la sospecha de que detrás de todo había gato encerrado. Con el tiempo esa sospecha se acabaría convirtiendo en certeza.

¿Qué pasaba por aquel entonces?

Pero para hacemos una idea de lo que estaba ocurriendo, es necesario analizar siquiera sea a grandes rasgos el contexto histórico en que se desarrollaban los acontecimientos. El año 1978 fue crucial en lo que se ha dado en llamar La Transición. Si los primeros años se caracterizan por una fuerte tensión generada por la presión de los distintos sectores políticos y sociales en un intento de imponer su particular punto de vista y su modelo político y social, eso va dando paso a una segunda etapa caracterizada por el consenso, en donde las fuerzas políticas imperantes se ponen de acuerdo en cuanto a la configuración del nuevo régimen y encauzan el proceso cerrando el paso a cualquier otra vía de desarrollo. El año 1978 será el año en que ese pacto se materializa en sus dos grandes vertientes: el pacto político que dará lugar a la Constitución, y el pacto social que se establecerá con los llamados Pactos de la Moncloa.

Manifestación de la CNT contra los Pactos de la Moncloa
Manifestación de la CNT contra los Pactos de la Moncloa

Si la Constitución tiene una gran importancia en lo que se refiere a establecer las reglas básicas del juego político, el pacto social tendrá una importancia también trascendental, ya que será lo que permitirá reconstruir la paz social y la disciplina en el mundo del trabajo. Algo sin duda imprescindible en un país en donde la clase obrera había adquirido una gran capacidad de autoorganización capaz de sobrepasar a comités y burocracias sindicales, que era consciente de su fuerza real y que había adquirido una considerable experiencia de lucha en las condiciones extremadamente duras de los últimos años del franquismo. El pacto social era la herramienta necesaria para restablecer una situación de sometimiento, imprescindible para afrontar una crisis económica que se pensaba resolver con un ajuste duro que, por supuesto, debían pagar los trabajadores.

Las grandes organizaciones sindicales CC OO y UGT, en perfecta sintonía con los criterios del PCE y el PSOE asumen el pacto incluso con entusiasmo y hasta lo proclaman como una gran victoria de los trabajadores. La única organización sindical importante que se opone a ese pacto es la CNT. Esta organización que se había reconstruido después de la clandestinidad, había adquirido una importante implantación en el mundo laboral y lideraba un gran movimiento social y cultural que no encajaba en el sistema que se estaba configurando. Pero lo que convertía a la CNT en un peligro potencial no era su fuerza en aquel momento, sino su posible capacidad para encauzar el descontento social que inevitablemente iba a producirse. No olvidemos que en estos años crece desorbitadamente el desempleo, se produce un fuerte incremento de la carestía de la vida y, en general, la calidad de la vida de los trabajadores y de las clases populares sufre un importante deterioro, que no tiene la debida respuesta porque las fuerzas mayoritarias de la izquierda ya han aceptado un pacto político y social y no desean poner en peligro lo logrado. Son los momentos en que se percibe con claridad la posibilidad de un golpe de Estado militar que nos devolviera a la situación anterior. Ante esa disyuntiva la izquierda mayoritaria prefirió pactar para conservar lo conquistado y el precio fue hipotecar la fuerza de los trabajadores y renunciar a la posibilidad de crear un sindicalismo fuerte y autónomo. Pero volvamos al relato de los hechos.

¡A por la CNT!

Los detenidos fueron debidamente acusados y procesados, pero eso no detuvo la operación policial. Muy al contrario, en los días siguientes serían detenidos varios afiliados y militantes de la CNT. El simple hecho de aparecer en la agenda de teléfonos de algunos de los acusados o de una persona relacionada con alguno de los acusados se convirtió en motivo suficiente para ser detenido. Después de ser interrogados y pasar alguna noche en el calabozo, los detenidos eran puestos en libertad sin cargo alguno. Resultaba evidente que la policía no buscaba nada ni a nadie –ya tenían a los culpables– se trataba simplemente de amedrentar a los cenetistas y de ahuyentar de la organización a miles de trabajadores afiliados que, si bien se identificaban con la línea sindical de los anarconsindicalistas, no estaban dispuestos a llegar demasiado lejos en su adhesión, ni mucho menos a desafiar una represión policial de aquella envergadura. La cosa no era de broma, las noticias de nuevas detenciones crearon un ambiente de inseguridad en gran parte de la afiliación. Por otra parte, la certeza de la implicación de la CNT en el atentado fue afianzándose en la opinión pública, lo que provocó un serio deterioro en la imagen de la organización y de los anarquistas por extensión. Si a esto añadimos las noticias de agresiones y asaltos por parte de grupos fascistas, que en aquellos días se incrementaron de forma muy considerable, podemos hacemos una imagen aproximada de la situación. Ser libertario en aquellos momentos se convirtió en algo bastante desagradable. Los medios de comunicación lo hicieron impopular, la policía y los grupos de la ultraderecha lo hicieron peligroso.

La prensa sentencia a la CNT
La prensa sentencia a la CNT

Como hemos dicho la represión no sólo fue policial. El caso Scala marca el comienzo de una intensa campaña de atentados contra el Movimiento Libertario y contra la CNT en particular protagonizada por grupos, al parecer de ultraderecha, que se escondían detrás de siglas desconocidas e indescifrables. En aquellos meses se tuvieron noticias de atentados en varias ciudades, sin que la policía demostrara la misma eficacia en detener a sus autores que había demostrado en el caso Scala.

Aparece Gambín

El veintidós de febrero se procesa a once personas acusadas de la autoría del atentado, además de por tenencia de explosivos. Las características de los acusados son bastante similares y responden al prototipo de millares de jóvenes que después de haber pasado su adolescencia bajo el franquismo engrosaban ahora las filas de la izquierda radical; casi todos ellos estaban entre los diecisiete y los veinte años. Pero había una excepción. Un extraño personaje que destaca claramente de los demás. Tiene cuarenta y nueve años y un historial que carece por completo de significación política o sindical, se trata de un vulgar delincuente con una larga lista de condenas veintiocho en total por robo, falsificación, estafa y otros delitos todos ellos con el común denominador del lucro como única motivación. Su nombre es Joaquín Gambín alias El Grillo y aunque procesado como los otros, lo será en rebeldía, ya que no ha sido detenido como los demás.

Pero antes de continuar con el relato de los hechos conviene que nos detengamos en analizar a este personaje, clave sin duda en esta historia. La primera noticia que tenemos de Gambín es en el año 1977 en la cárcel Modelo de Barcelona. Allí –según declararía él mismo más tarde–2 fue reclutado por los Servicios Secretos de la Policía como confidente y colaborador, a cambio de librarse de los muchos años de condena que tenía por delante. Mediante una manipulación de su expediente judicial realizada a instancias de esos Servicios Secretos que le relacionan con un grupo de detenidos de la Federación Anarquista Ibérica,3 Gambín por arte de magia o por razones de Estado pasa de ser un vulgar chorizo a convertirse en un preso político, gracias a lo cual se beneficia del decreto de amnistía que se promulga ese mismo año y queda en libertad.

De esta manera Gambín, ya libre, empieza a trabajar para la policía a cambio de un sueldo de cuarenta y cinco mil pesetas al mes, más las cantidades que recibía a cambio de las informaciones que facilitaba o de las operaciones en las que participaba. Sus primeros trabajos consistirían en infiltrarse en grupos de orientación anarquista. Hay que recordar que por aquella época el Ministerio del Interior dedicaba buena parte de su tiempo a combatir al Movimiento Libertario; el ministro titular Martín Villa llegó a decir que le preocupaba más el activismo libertario que el terrorismo de la ETA o del GRAPO,4 lo que no dejaba de ser curioso, teniendo en cuenta la larguísima lista de víctimas –algunas de ellas pertenecientes a las más altas jerarquías del Estado y del Ejército– que esas organizaciones tenían en su haber, mientras que entre las víctimas del activismo libertario no había más que algún autobús, algunos contenedores de basuras y algunas cosas más por el estilo que suelen ser las víctimas habituales de los manifestantes excesivamente fogosos.

Poco después de salir de la cárcel, Gambín se infiltra en un grupo de trabajadores de la SEAT de Barcelona que se hacían llamar nada menos que Ejército Revolucionario de Apoyo a los Trabajadores (ERAT).5 Después de perpetrar algunos atracos de cierta importancia, la policía desarticula el grupo y detiene a todos sus miembros, con la obvia excepción de Gambín que desaparece oportunamente.

Más tarde aparece otra vez en la cárcel Modelo de Barcelona donde se relaciona con uno de los acusados del caso Scala, con el que entabla amistad y, a través de él, con los demás acusados una vez que ambos salen en libertad. En esta época el delincuente habitual apodado El Grillo adquiere una nueva dignidad revolucionaria y pasa a apodarse el viejo anarquista. Con esta nueva imagen, Gambín se integra en el grupo con el que colabora hasta el día en que se produce el atentado. Ese mismo día, tan oportunamente como otras veces, desaparece sin dejar rastro.

El proceso

Tendremos que seguir inevitablemente hablando de Gambín, pero volvamos al proceso judicial que tuvo un comienzo polémico debido a la disparidad de criterios sobre quién debía hacerse cargo de él. La Audiencia Provincial de Barcelona lo traspasa a la Audiencia Nacional y ésta se declara no competente por lo que devuelve la pelota a Barcelona, donde finalmente se desarrolló el proceso. Esta discrepancia no se debía a cuestiones de simple técnica procesal, sino que tenía su origen en la calificación misma de los hechos que debían juzgarse, por lo que el asunto tuvo cierta importancia.

Las pruebas aportadas por la policía eran de lo más inverosímiles: una pistola de plástico y una lata de gasolina. Si a esto sumamos el que ninguno de los testigos presenciales llegaron nunca a reconocer a ninguno de los acusados, y que el personaje clave de la trama –Gambín– estaba ausente, podemos entender perfectamente las palabras del fiscal Alejandro del Toro cuando dijo “MI problema fundamental era no cubrir el de ridículo mi carrera”.6

Otro de los aspectos curiosos es que sin que se sepa por qué, el gobernador Civil de Barcelona, sin arte ni parte en el asunto, remite a los hermanos Riba, dueños de la Sala de Fiestas, un certificado en el que se establecía el carácter político del atentado. Por qué un Gobernador Civil se metía en un asunto que no le concernía y aseguraba el carácter político de un hecho que aún no había sido juzgado es algo insólito y, sin duda, una pieza a tener en cuenta a la hora de montar el rompecabezas.

Pero el problema fundamental –al menos para los acusados y su defensa– consistía en que el juicio iba a celebrarse sin la presencia de Gambín, lo que impediría que se pudieran esclarecer los hechos de manera absoluta, y que se supiera si había o no una trama oculta tal como sostenía la CNT y como sospechaban muchos. Sin embargo, el 27 de octubre de 1979, cuando todo el mundo supone que la policía de todo el País está buscando a Gambín por el caso Scala, resulta que éste es detenido en Elche, pero no por la acusación de haber participado en el atentado contra la sala de fiestas, sino por un delito de estafa al parecer relacionada con cheques falsos.

Unas semanas después, el 24 de enero de 1980, el fiscal del caso solicita la apertura del juicio oral para Luis Muñoz, José Cuevas, Francisco Javier Cañadas, Arturo Palma, María Rosa López y María Pilar Álvarez y libertad sin cargos para Maite Fabrés quien, después de pasar casi dos años en prisión, es puesta en libertad sin ningún cargo y sin ninguna indemnización por los dos años de presidio que sufrió, al parecer por un error de la justicia. A los tres restantes acusados se les juzga en rebeldía. De ellos dos –Jesús y Carlos– efectivamente están fuera del alcance de la justicia, pero el caso del tercero –Gambín– es algo más difícil de comprender, ya que no estaba fuera del alcance de la justicia, sino en la prisión de Elche adonde había sido conducido tras su detención. ¿Por qué no se le juzga con los demás acusados?

Existía una poderosa razón para semejante disparate, aunque no se conocería hasta más tarde, en noviembre cuando estalló la noticia: Gambín ya no está en la cárcel. ¿Por qué? Otra pregunta sin respuesta. Primero se habla de fuga, después de puesta en libertad debido a un error judicial ocasionado por un incendio que, por lo visto, hubo en la prisión y en el que debió perderse algún papel trascendental que dio origen al error. En la vida carcelaria de Gambín ya se podían contar dos errores judiciales y, por suerte para él, los dos le habían permitido salir tan fresco de su celda. Tal vez ese error fue de la misma naturaleza que aquel otro que le permitió salir amnistiado en 1977 como un preso político más. Así son los errores judiciales, a algunos como es el caso de Maite Fabrés, los mete en la cárcel por error ya otros los deja en la calle.

Pero la ausencia de Gambín no sería el único revés que sufriría la defensa. Su pretensión de que compareciera en el juicio como testigo del ministro Martín Villa fue desestimada por el Tribunal. De esta manera, cualquier rastro que condujera al gobierno o a los servicios de la Seguridad del Estado quedaba borrado para siempre.

Se abre la vista

El I de diciembre de 1980 se inicia la vista oral, y se hace en medio de un gigantesco despliegue de seguridad. La vigilancia policial en los alrededores de los juzgados es abrumadora y no deja resquicios. Pero la demostración de fuerza se corresponde con la tensión que reina en la ciudad. Miles de pasquines por todas las calles proclaman la inocencia de los acusados, exigen su libertad y denuncian el montaje policial que se esconde detrás del caso. Pese al despliegue policial, delante de los juzgados se produce una numerosa manifestación que de inmediato se convierte en batalla campal. Los enfrentamientos entre libertarios y policías duran hasta bien entrada la noche y dejan un saldo de una treintena de detenidos. Pero no acaban ahí las cosas, durante todos los días que dura el juicio se suceden las manifestaciones por toda la ciudad y la propaganda en contra del proceso. Sin embargo, los elementos que podían dar luz sobre el caso ya estaban fuera de alcance, y de nada iban a servir ni los gritos de manifestantes, ni los panfletos que recorrían la ciudad de mano en mano, ni los carteles que llenaban las paredes.

Las acciones de protesta fueron numerosas y variadas: un joven que se colgó de una estructura metálica en pleno Paralelo de Barcelona, tres militantes de la CNT que se encerraron en el Consulado de Francia en Málaga o los miembros de la Federación Local también de Málaga que se colaron en la Diputación provincial y se encadenaron, un grupo de unas cincuenta mujeres de Ateneos Libertarios de Barcelona que hicieron una sentada en la Puerta del Ángel de Barcelona y un sinfín de casos más7 que dan fe de la vitalidad que aún conservaba el Movimiento Libertario en aquel entonces, pese a sus divisiones internas que habían dado lugar a la ruptura de la CNT en dos organizaciones. El Movimiento Libertario había perdido buena parte de su fuerza, pero aún era capaz de batirse con vigor.

La campaña de la CNT sostiene la inocencia de los acusados y centra su denuncia en la idea de un montaje policial organizado por las máximas instancias del Ministerio del interior para acabar con la organización. En estos momentos se publican las declaraciones del Secretario del Comité Nacional de la CNT, José Bondía 8 en las que proporciona todos los detalles del paradero de Gambín, quien oficialmente se encontraba en busca y captura. La información de Bondía –cierta o falsa– no despierta la más mínima atención por parte de la policía.

Pero las declaraciones de Bondía no acaban ahí, denuncia una supuesta operación organizada años antes por Martín Villa en convivencia, no se sabe si consciente o inconsciente, con un histórico de la CNT. Según Bondía el gobierno inmediatamente después de la muerte de Franco estaba seriamente preocupado por el posible desarrollo de un sindicalismo fuerte organizado alrededor de CC OO y, por tanto, bajo la hegemonía comunista, lo que les llevó a la idea de promover una organización rival que tuviera el necesario prestigio entre los trabajadores, pero que no pusiera en peligro el sistema: la CNT. Los detalles de la supuesta operación no despejaban dudas de si se trataba de crear una CNT sumisa al poder, o si sólo se buscaba la desunión de los trabajadores pensando que dos sindicatos serían menos peligrosos que uno solo. El resultado –siempre según las declaraciones de Bondía– fue que la operación no resultó del agrado del gobierno, bien porque la rivalidad entre la CNT y CC OO no había dado los resultados apetecidos, o porque la CNT no sólo no se había ajustado a los planes que le tenía reservado el gobierno, sino que además había crecido demasiado hasta poner en peligro los fines de pacto social que estaba fraguando el gobierno. Ante ese fracaso el Ministerio del Interior elaboraría un plan para lograr acabar con la CNT que se materializaría en el caso Scala.9

Sobre el paradero de Gambín existe otro dato sumamente interesante. Parece ser que Gambín ofreció a la CNT, a través de dos militantes de la misma con los que al parecer tenía contacto, su disponibilidad a realizar una declaración ante notario en la que se autoinculparía del atentado como único responsable y exculparía al resto de los acusados ya la CNT como organización. A cambio pedía un pasaporte falso y que se le facilitara la salida del país. Este ofrecimiento se hizo en una reunión que tuvo lugar entre los dos militantes que portaban la oferta y algunos miembros del Comité Nacional de la CNT, quienes rechazaron el ofrecimiento por dos razones: en primer lugar porque una declaración hecha ante notario por un fugado de la justicia no tenía ninguna validez ante el Tribunal, y en segundo lugar porque ya bastante descrédito tenía la CNT, como para aparecer mezclada ante la opinión pública con un confidente de la policía, y autor además de un atentado criminal. El ofrecimiento fue rechazado y sólo quedó la duda de qué relación había entre Gambín y aquellos militantes que habían transmitido su oferta en lugar de utilizar la información que tenían de su paradero para procurar ponerlo en manos del Tribunal.

Es importante reseñar que el fiscal tal como él mismo reconoció posteriormente, ante la evidente insuficiencia de pruebas (una pistola de plástico y una lata de gasolina), la falta absoluta de testigos y la ausencia bochornosa de Gambín, al que supuestamente buscaba toda la policía del País mientras se dedicaba tranquilamente a conceder entrevistas a la prensa, y las dudas que existían sobre cómo unos cócteles molotov habían podido destruir un edificio como aquel, sin que se hubiera realizado una seria investigación sobre las medidas de seguridad del local, no tuvo más remedio que rebajar considerablemente la petición inicial de penas pasando de los trescientos años que se solicitaban en un principio a las penas siguientes:

  • A José, Francisco Javier y Arturo a 3, 3 y 2 años de prisión menor respectivamente, por fabricación de explosivos.
  • A José, Francisco Javier y Arturo a 3 años por participar con armas en una manifestación.
  • A José, Francisco Javier y Arturo a 7 años por estragos.
  • A Luis a 6 meses de arresto mayor.
  • A Rosa como encubridora a 6 meses de arresto mayor
  • A José, Arturo y Francisco Javier a 2 años de prisión como autores de homicidio involuntario.
  • A Luis como cómplice de homicidio, a cuatro penas de 6 meses de arresto.
  • Asimismo a Rosa se le pedían cuatro penas de multa.
  • Algunos llegaron a realizar insinuaciones sobre posibles simpatías del fiscal hacia los acusados o hacia el anarquismo, pero incluso aquellas penas sensiblemente reducidas, resultaban absurdas y desproporcionadas si tenemos en cuenta la entidad real de las pruebas aportadas y de las circunstancias extrañas que rodeaban al caso.

Contra escándalos y protestas el juicio continúa sus trabajos y el 8 de diciembre se hace pública la sentencia. El Tribunal presidido por el juez Alonso Hernández y asistido por los magistrados Xavier O’Callaghan y Ángel de Prada, calificó los hechos como un delito de imprudencia con resultado de cuatro muertes. Las penas impuestas fueron las siguientes:

  • 17 años de prisión mayor a José Cuevas, Javier Cañadas y Arturo Palma.
  • 5 meses para Rosa López
  • 2 años y seis meses para Luis Muñoz.

Además de las penas carcelarias, se les impuso la obligación de indemnizar a los dueños de la sala de fiestas con doscientos ochenta y ocho millones de pesetas, ya las familias de víctimas con cinco millones. Siempre resulta curioso el criterio que aplica la justicia para valorar la propiedad y la vida.

La CNT protestó enérgicamente contra la sentencia. Enrique Marcos, secretario de la CNT de Cataluña cuando ocurrieron los sucesos escribió lo siguiente:

“La ley, la mayor parte de las veces legislada y promulgada sin aprobación de la mayoría de aquellos a quienes luego habrá de afectar, necesita cuando menos, bajo estas premisas, claridad y credibilidad. Condiciones ambas que no se han demostrado suficientemente y que me obligan a pronunciarme de forma decidida contra una sentencia basada exclusivamente en las pruebas policiales de primera hora, sin aceptar las posteriores implicaciones que han asomado durante la vista de la causa. Me atrevo a asegurar la existencia de una intencionalidad manifiesta, la de cubrir precipitadamente, lo que contrasta con los tres largos años de inactividad judicial, con una sentencia benévola, el riesgo de un proceso exhaustivo que pusiera de relieve cosas y cosillas quizás más comprometedoras que el propio peón Gambín”.

Y a quien tampoco parece que satisfizo fue a la extrema derecha, quien intensificó su campaña de atentados y asaltos en toda España, como el que destruyó el local de la CNT en Valladolid.

Sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados existe desde siempre división de opiniones. Para muchos la certeza de que existió una trama policial que estaba en el origen del suceso, y la sospecha de que era imposible que unos cócteles molotov pudieran causar semejantes estragos, hacía secundaria la cuestión de quién o quiénes fueron los autores materiales del atentado.

Sin embargo algún día el Movimiento Libertario debería hacer una autocrítica de aquellos años y entre las muchas cuestiones que deberían plantearse, sin duda habría que hacer hincapié en aquel culto a la violencia que se puso de moda por aquel entonces, y que acabó convirtiendo el cóctel molotov en una suerte de fetiche casi religioso, la clandestinidad en una fascinante aventura y las estancias en comisaría en medallas que se lucían con orgullo. Todo ello acabó generando un círculo vicioso sin sentido en el que el activismo servía para ganar méritos de guerra, y daba igual un autobús, un contenedor de basura o una sala de fiestas. Lo importante era la acción por la acción, los objetivos carecían de importancia y la estrategia era una pérdida de tiempo. Y si las masas no entendían nada de aquello, no importaba, porque la explicación de que estaban dormidas y embrutecidas era suficiente para despejar cualquier inquietud.

El propio Javier Cañadas,10 quien rechazaba al igual que sus compañeros su participación en el atentado, reconoce que él y sus amigos se dirigieron hacia la sala con esa intención, y en respuesta a una sugerencia que les había hecho Gambín, y que sólo el casual encuentro por el camino con unos compañeros de Rubí, que les mostraron lo absurdo y disparatado de su plan, les hizo desistir de su propósito. Este era el ambiente que se respiraba en el Movimiento Libertario. Un ambiente en el que podía ocurrir algo cómo lo que cuenta Cañadas, cuando relata como Gambín les decía que si no pasa nada en la manifestación podéis tirar los cócteles en la Scala y les recriminaba sus titubeos con frases como sois unos maricones, ¡Vaya anarquistas!

Movilización en favor de los acusados
Movilización en favor de los acusados

Eran muchos los que conocían esta situación y callaban o incluso criticaban o calificaban de reformistas a los que la denunciaban. Hoy resulta evidente que Gambín fue un provocador al servicio de la policía y el caso Scala un montaje para acabar con la CNT, pero algún día habrá que reconocer que muchos libertarios inconscientemente, por error u omisión, por comodidad o irresponsabilidad facilitaron enormemente la labor de la policía. El caso Scala no debería seguir siendo la gran coartada para explicar el fracaso histórico de una organización que no supo superar sus contradicciones y estar a la altura de las circunstancias. Resulta lamentable que aún hoy, después de tantos años, se sigan oyendo voces de acusación y reproche hacia talo cual persona en lugar de analizar en profundidad y con capacidad de autocrítica un pasado que aún pesa como una losa. Para muchos libertarios sigue siendo una asignatura pendiente saber identificar a los reales enemigos exteriores y dejar de cazar brujas dentro de casa.

Hay que recordar que los sucesos relativos al caso Scala se producen en un contexto de fuerte tensión interna en la CNT dividida en dos sectores en pugna, y que el mismo caso Scala se convierte en motivo de enfrentamiento entre esos sectores. Por un lado se enfrentan en cuanto a la actitud que hay que tomar frente a la acusación policial. Para unos la defensa dependía de la inocencia o no de los acusados, para otros la culpabilidad o inocencia de los acusados carecía de importancia. En el momento del juicio también hubo enfrentamientos y mientras para un sector lo importante era lograr establecer la inocencia de los acusados y de la CNT para otros tenía más importancia convertir el proceso en un juicio político contra el Estado.

En este sentido cabe recordar las críticas que uno de los acusados –Xavier Cañadas– realizó contra la organización a la que acusó de abandonar su defensa, llegando incluso a intentar sustituir al abogado que se le había asignado la organización por Solé Barberá, entonces diputado del PSUC quien no quiso saber nada del caso.

 El canto del Grillo

El Tribunal terminó su labor, pero el caso siguió abierto. El 15 de diciembre, pocos días después de hacerse pública la sentencia, Cambio 16 publica una entrevista a Gambín. Después se sabría que la entrevista fue realizada tiempo atrás y que su publicación se había retrasado hasta que finalizara el juicio. En la entrevista Gambín no aclara nada, sino que busca simplemente quitarse el muerto de encima. Tendría que pasar un año más hasta que se decidiera a hablar más claro. En la entrevista reconoce que se afilió a la CNT poco antes del atentado, al coincidir en la cárcel Modelo con uno de los acusados –el mismo con el que compartiría piso al salir de la prisión–; dice haber estado en la manifestación que se desarrolló poco antes del atentado, pero niega que preparase todo y afirma que se enteró de lo sucedido aquella misma noche al volver a casa y reunirse con algunos de los acusados, quienes le confesaron que habían realizado el atentado contra la Scala; rechaza la acusación de ser un confidente de la policía y achaca su extraña puesta en libertad en noviembre de 1980 a un simple error burocrático sin ninguna significación. Con estas declaraciones Gambín no hacía otra cosa que ratificar la justeza de la sentencia judicial que se acaba de producir y certificar la culpabilidad de los acusados. En definitiva, algo que como acusado podría haber hecho durante el juicio en el que debería haber estado presente, pero en el juicio no hubiera podido evitar las indagaciones de la defensa sobre su posible relación con los servicios policiales.

Sin embargo su suerte cambió un año después cuando en diciembre de 1981 es detenido por la policía en Valencia. Trasladado a Barcelona, es interrogado por el fiscal del caso Alejandro del Toro11 ante el que aclara –ahora sí– algunos puntos claves del caso. Según su versión, la supuesta detención no había existido nunca, sino que él voluntariamente se había entregado a la policía como única salida, dado lo apurado de la situación en que se encontraba. Al parecer el fracaso de una operación contra ETA en la que había participado y cuyo desarrollo había tenido lugar mientras se producía el juicio del caso Scala, le había acarreado la pérdida la protección de los Servicios Secretos de la que gozaba y en tal situación no había visto mejor salida que la de intentar resolver su situación entregándose a la policía. Junto con su persona entregó también varias pistolas y documentos falsos que le habían sido proporcionados por los servicios para los que trabajaba.

Gambín aprovecha la ocasión para contarle su vida al fiscal. La parte que nos ocupa empieza en 1977, estando preso con largas condenas pendientes. Es aquí donde es reclutado por los Servicios Secretos para realizar una labor de confidente y colaborador. Su nuevo trabajo es lo que da origen a aquel primer error judicial que le permite salir amnistiado como preso político. Reconoce su participación en el grupo ERAT y el haberlos entregado a la policía después de realizar algunos sustanciosos atracos. En relación al caso Scala reconoce que su trabajo con los acusados tenía como objeto incitarles a cometer actos de carácter violento para luego entregarlos a la policía. Según él se trataba con ello de desactivar a potenciales elementos terroristas. Parece ser que alguien creyó ver en los acusados a un potencial grupo terrorista y pensó que lo mejor era incitar y guiar su desarrollo, bien para destruirlo después o para que cometiese algún acto que pudiera ser beneficioso para los intereses de la seguridad del Estado.

Gambín negó haber incitado a los acusados a atentar contra la sala de fiestas, se mantuvo en su versión anterior según la cual se enteró de lo sucedido por la noche del mismo domingo 15 de enero, y que inmediatamente se apresuró a llamar a la policía, a los servicios para los que trabajaba para proporcionarles los nombres de los participantes. Esas podría ser una buena explicación para la rápida y brillante operación policial que resolvió el caso en cuarenta y ocho horas.

Joaquín Gambín alias el viejo anarquista en los últimos tiempos vuelve a la cárcel, esta vez con su antiguo alias de el Grillo. El 5 de febrero de 1982 el fiscal presenta la acusación provisional contra Gambín, que consistía en haber enseñado a los acusados a fabricar explosivos y en haber fabricado él mismo los seis cócteles molotov que se utilizaron para atentar contra la sala de fiestas. El fiscal le exculpa de haber participado en el atentado. Gambín fue procesado con una petición fiscal de dieciséis años de prisión, pero el juicio tardaría aún dos años en producirse, exactamente hasta el15 de diciembre de 1983.

Durante el juicio Gambín no duda de manifestar su condición de confidente y colaborador de la policía. De hecho meses antes, el 8 de agosto, estando en la cárcel, envió una carta al presidente de la Sala Tercera para pedirle la libertad provisional en justa correspondencia por los servicios prestados a la seguridad del Estado. Su petición no fue considerada. A Gambín no le servirían de nada los servicios prestados, al menos por esta vez.

El juicio duró apenas tres horas. El acusado fue condenado a las penas pedidas por el ministerio fiscal y nadie, empezando por el mismo Tribunal, tuvo el más mínimo interés en indagar sobre la relación de procesado con los servicios secretos de la policía. Los medios de comunicación apenas se interesaron por el asunto y se limitaron a reseñar las manifestaciones de protesta que se realizaron por parte de grupos libertarios. El caso Scala ya no era noticia.

Se cierra el caso

El caso se olvidó por completo. Los implicados pasaron entre ocho o nueve años en la cárcel. La sala de fiestas Scala nunca volvió a reconstruirse y los hermanos Riba dueños del negocio cobraron la correspondiente indemnización de la compañía de seguros. Las familias de las víctimas nunca supieron el porqué de aquellas muertes, por las que cobraron un total de 850.000 pesetas y una pensión de 18.000 pesetas al mes, y la CNT continuó un proceso de declive que le llevó a una situación de práctica marginalidad.

En estos momentos, dieciocho años después, cuando hemos conocido con tanto lujo de detalles casos como el GAL, y el CSID, y cuando contamos con tanta información sobre cómo funcionan las cloacas del Estado, posiblemente podemos analizar los hechos ocurridos entonces con otra perspectiva. No es nuestro propósito aquí establecer ninguna verdad –que no conocemos–, ni establecer inocencias ni culpabilidades, pero si de algo resulta difícil dudar a estas alturas es de que el atentado contra la sala de fiestas Scala fue articulado y utilizado por servicios pertenecientes a la seguridad del Estado con el fin de desprestigiar a la CNT y poner fin a su desarrollo y crecimiento.

Ahora que el incombustible Martín Villa ha vuelto aunque disminuido de rango al Ministerio del Interior, es conveniente recordar este episodio de nuestra historia reciente.

NOTAS

1. En su nota la policía atribuía la autoría del atentado a un comando anarquista integrado en la Confederación Nacional del Trabajo que sirve de apoyo en todos sus propósitos a la CNT a la que está íntimamente ligado como brazo armado. Ante esta información la CNT interpuso una querella contra el Jefe Superior de Policía Calleja Peinado que, como era de esperar, no prosperó.

2. Declaraciones hechas por Gambín al fiscal del Caso Alejandro del Toro Marzal tras su detención en Valencia en diciembre de 1981.

3. La CNT, a través de su Comité Pro-presos, pagó la cantidad de 80.000 pesetas en concepto de fianza por la libertad provisional de Gambín.

4. Declaraciones de Martín Villa a la televisión en febrero de 1978.

5. El propio Gambín reconoció su participación en el ERAT tanto en la entrevista que concedió a Cambio 16 en febrero de 1980, como en sus declaraciones ante el fiscal en 1981. Según sus declaraciones, en aquellos momentos necesitaba pasta y buscó un grupo que le diera cobertura política.

6. Alejandro del Toro. Cuadernos Jurídicos.

7. Algunas de estas acciones no pudieron celebrarse por prohibición gubernativa, como ocurrió con el Festival de Solidaridad que debía celebrarse en el Palacio de los Deportes de Barcelona

8. Declaraciones de José Bondía realizadas a la prensa en Madrid. No sólo Bondía había logrado localizar a Gambín, también lo había conseguido Cambio 16 y el periodista Ferrán Sales quien lo localizó en la localidad de Rincón de la Seca. Al parecer sólo para la policía era desconocido el paradero de Gambín. El propio fiscal llegó calificar de escándalo judicial el bochornoso espectáculo de la desaparición de Gambín.

9. Sobre este asunto parece que existen datos objetivos que indican un cierto plan de determinados sectores del régimen para impedir que el PCE a través de Comisiones Obreras, lograra controlar el movimiento sindical. A este respecto es interesante la lectura del libro Anarquismo y anarquistas de Fidel Miró en donde se relatan ciertas conversaciones que se produjeron a instancias del entonces jerarca del Vertical Socías Humbert –luego alcalde de Barcelona nombrado por Franco y más tarde diputado del PSOE– a fin de intentar que la CNT participara en las últimas elecciones sindicales del verticalismo celebradas en 1974. De ahí a establecer complicidades o lanzar acusaciones hay una gran distancia marcada por las luchas internas cada vez más cruentas en que vivió la CNT desde su reconstrucción.

10. Entrevista concedida por Javier Cañadas a la revista El Temps, publicada el 12-2-1996.

11. Artículo publicado por Alejandro del Toro en la revista Cuadernos Jurídicos.

Pages from SCALAPublicado en Polémica, n.º 62-63 (1996)

El que montó el caso Scala, ahora rige el Chapapote

Las cenizas del Scala

A las 13:15 horas del domingo 15 de enero de 1978, tras una manifestación contra los Pactos de la Moncloa convocada por la CNT en el centro de Barcelona, un grupo de jóvenes anarquistas lanzaba varias botellas incendiarias contra el restaurante espectáculo barcelonés Scala, en la esquina de Consell de Cent y paseo Sant Joan, que ardió como una pira. Las consecuencias de aquel acto, que tuvo una enorme repercusión, fueron la muerte de cuatro trabajadores –Ramón Egea, Juan López, Diego Montoro y Bernabé Bravo-, la destrucción de un local muy popular y el fin de la resurrección de la CNT.

Veinticinco años después, nadie pone en duda el trascendental papel desempeñado por un confidente de la policía, Joaquín Gambín, “el Grillo”, que se infiltró en la CNT y dirigió el atentado. Aquellos días, el centro de Barcelona era un hervidero mezcla de radicalismo y de personajes siniestros, que protagonizaban casi a diario duros enfrentamientos con la policía. Gambín, como “el Rubio” o “el Legionario”, formaba parte de aquel oscuro submundo entre la delincuencia y la colaboración policial.

El fiscal del caso Scala, que se juzgó en Barcelona en diciembre de 1980, Alejandro del Toro, escribe en “Cuadernos Jurídicos” (noviembre de 1994) que la información extraprocesal que logró sobre Gambín “era estupefaciente”. Y añade que “carecía de sentido que un delincuente profesional, casi cincuentón, reclamado por diversos juzgados, hubiera sentido… tales ideologías libertarias, hubiera colaborado con ellos (los presuntos responsables) en conducirles por Barcelona en su SEAT 1430, en enseñarles la fabricación de cócteles molotov y en dirigirlos sabiamente”. Pero lo cierto es que a las pocas horas del incendio, sigue escribiendo el fiscal Del Toro, “unos policías de Madrid comunicaron a sus colegas de Barcelona los nombres y señas de los autores, omitiendo cualquier referencia al Grillo. Más claro que el agua”. El nombre de Joaquín Gambín aparecería después, en las declaraciones de los detenidos.

El entonces ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, presentó la detención del grupo en apenas 24 horas como un triunfo. La policía andaba necesitada de éxitos, temerosa de que la transición conllevara una purga en el cuerpo. Para los dirigentes de la CNT, estaba claro que había sido un complot policial para acabar con la emergente central libertaria. Los condenados, que nunca han aceptado su participación directa en los hechos pero sí en la preparación de los cócteles, se siente víctimas de manipulación por los servicios secretos.

La vista del caso Scala, en diciembre de 1980, no contó con el testimonio de Martín Villa, solicitado por las defensas (Loperena, Palmés, Krauel y Seguí), ni con la presencia de Gambín, fugado de la prisión de Elx en extrañas circunstancias. A pesar de varias órdenes judiciales de captura, la policía no lograba dar con el Grillo. Pero sí la prensa.

Fue el periodista Ferran Sales quien, en plena vista del juicio, dio con el confidente en Rincón de Seca (Murcia) y más tarde, Rafael Cid y Día Herrera lo entrevistaban en “Cambio 16″. El comisario José María Escudero, alias ‘Escubi’, era mi jefe directo”, declaró. Escudero era un policía de la “cuadra Conesa”, un oscuro superagente implicada en diversos trabajos sucios. Gambín cobraba 45.000 pesetas mensuales por sus “trabajos” de infiltración o por constituir el Ejército Revolucionario de Ayuda al Trabajador (ERAT), grupo que practicó varios atracos antes de caer en otra “brillante” operación policial. Por la delación de Scala cobró 100.000.

La sentencia condenó a José Cuevas, Javier Cañadas y Arturo Palma a 17 años de prisión como autores de homicidio involuntario y por fabricar explosivos. Luis Muñoz fue condenado a dos años y seis meses por complicidad y Rosa López, a cinco meses por encubrimiento. Estas penas indignaron a sectores de la extrema derecha por considerarlas demasiado suaves. El recurso presentado por los defensores, por quebrantamiento de forma y denegación de pruebas por la no comparecencia de Martín Villa en la vista, fue rechazado por el Supremo.

La presión sobre la policía por el asunto Gambín se multiplicó a raíz de la vista y de las exigencias, en aquel sentido, del indignado fiscal Del Toro, que desde instancias judiciales conservadores fue acusado de “simpatizar con los anarquistas”.

El representante del ministerio público se defendió años después escribiendo que, ante “el escándalo judicial” que representaba una vista sin el Grillo, “mi problema fundamental era no cubrir de ridículo mi carrera”. Porque “todo estaba cojo y propicio a las más desaforadas imaginaciones”.

Gambín siguió escabulléndose. Se hizo pasar por un tío suyo que murió y se organizó su propio entierro en Murcia, al que asistieron, incluso, algunos dirigentes de la CNT que le seguían los pasos. Esta depurada técnica de camuflaje ya la había practicado con ETA y una esquela que logró que publicara “Egin”.

Finalmente, en diciembre de 1981, el Grillo era detenido, tras un tiroteo, en Valencia. Dijo que se entregó harto de que la Brigada de Información le hubiera abandonado.

La segunda vista por el caso Scala se vio en diciembre de 1983, con un solo acusado: Joaquín Gambín. “La Vanguardia” informó aquel día que “es la primera vez que se juzga en España a un confidente policial”.

La sentencia le condenó a siete años por concurrencia a manifestación con armas y preparación de explosivos. Las cenizas del incendio se posaron definitivamente.

Josep M. Sòria

Extraído de La Vanguardia 12/01/03

El fiscal solicitó un total de 309 años de prisión para los seis implicados en el caso Scala

ALFONS QUINTA
Barcelona 2 de diciembre de 1980

Hoy proseguirá ante la Sala Tercera de la Audiencia de Barcelona el juicio contra seis miembros de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) acusados del incendio de la sala de fiestas Scala, de Barcelona. El hecho tuvo efecto el 15 de enero de, 1978 y costó la vida a cuatro trabajadores que se encontraban en el interior del local. Ayer, la primera sesión del juicio duró cerca de cuatro horas. Fueron leídas las conclusiones provisionales del ministerio fiscal y de las defensas, interrogados los acusados y declaró el primero de los testigos de la defensa. Paralelamente, grupos anarcosindicalistas originaron diversas alteraciones del orden, no lejos del Palacio de Justicia, alrededor del cual se habían tomado medidas de seguridad sin precedentes.

Los acusados son seis, para quienes se requieren penas de prisión que totalizan 309 años. Cuatro son varones y se encuentran encarcelados desde su detención, al día siguiente del incendio. Dos son chicas, compañeras de dos detenidos y se encuentran en libertad provisional.El acusado más relevante es José Cuevas Casado, mecánico, de veintinueve años de edad, a quien se piden penas de prisión por un total de ochenta años. Junto a él aparecen como acusados Francisco Javier Caladas Gascón, de veintitrés años, para quien se requiere la misma pena. También ochenta años son los solicitados para Arturo Palma Segura, de veintiún años, ayudante electricista. A Luis Muñoz García, de veinte años, el fiscal le requiere penas que alcanzan los 39 años. Para María Rosa López Jiménez, dependienta, de veintitrés años, compañera de Cuevas, la petición fiscal es de diecinueve años. A María Pilar Alvarez Alvarez, maquinista de confección, de veintidós años, se le requieren once años de prisión.

El gran ausente del juicio es el procesado en rebeldía Joaquín Gambín Hernández, de cincuenta años, sobre quien la defensa afirmó repetidamente en la sesión de ayer que podría tratarse de un delincuente común que habría actuado como provocador. «La figura de Gambín», afirma un escrito de la defensa, «se sitúa muy cerca de, o al servicio de la policía». El nombre de este procesado en rebeldía -que según los abogados defensores vive tranquilamente en Murcia- fue citado en la sesión de ayer nada menos que 88 veces, según pudo contabilizar este diario.

La ausencia de Gambín

Con la ausencia de Gambín siempre existirá la posibilidad de formular preguntas de difícil respuesta respecto al juicio en curso. Otro gran punto de duda consiste en las manifestaciones coincidentes de los acusados respecto a los presuntos malos tratos o torturas de que podrían haber sido objeto. Sobre ellos recaen acusaciones muy graves. Un punto clave consiste en el hecho de que en todos los casos, menos en uno, sus declaraciones ante la policía fueron ratificadas ante el juez de instrucción. La defensa y los acusados afirmaron que lo hicieron por haber sido amenazados por la policía, por temer su excarcelación y por tener escasa conciencia de hallarse ante un juez. Se da el caso de que dos de los acusados introdujeron ante el juez modificaciones en sus declaraciones policiales, pero en cambio se ratificaron en su participación en el incendio de la Scala. Ello constituye un auténtico punto débil de la defensa y permite intuir unas fuertes posibilidades de que los acusados sean condenados.

Tres de los acusados reconocieron haber fabricado, a instancias, de Gambín, los cócteles molotov que posteriormente podrían haber servido para incendiar la sala de fiestas. Reconocieron que los llevaron a la manifestación convocada en la mañana misma del día de autos -15 de enero de 1978- por CNT en contra de los pactos de la Moncloa. Dijeron que su fin era usarlos para «defenderse de la policía antidisturbios (que no llegó a actuar) y de las bandas fascistas (que tampoco lo hicieron)». La defensa argumenta que fue después de la manifestación cuando Gambín se fue con los cócteles y que horas más tarde éste desapareció para siempre, después de que, junto con algunos de los acusados, tuviese conocimiento por televisión del luctuoso balance del incendio.

Consideración específica merece el caso del acusado Luis Muñoz -que tenía sólo diecisiete años en 1978-, quien no se ratificó ante el juez, de sus declaraciones policiales ni tampoco participó en la fabricación de los cócteles molotov. Hace dos semanas, el fiscal actuante ayer había solicitado infructuosamente de la sala que este acusado fuese puesto en libertad provisional.

Respecto a las intervenciones del fiscal, destacó ayer la brevedad de su interrogatorio de las dos muchachas (un minuto y medio en cada caso). Ello permite intuir la posibilidad de que el fiscal rebaje su petición penal respecto a ambas, cuya implicación en los hechos quedó muy soslayada en todos los interrogatorios que llevó a cabo ayer el fiscal.

Hace dos semanas se dio la sorprendente circunstancia de que la sala tercera solicitó infructuosamente la sustitución del fiscal Alejandro del Toro, actuante ayer. Este fiscal, de convicciones liberales y profesor universitario desde hace muchos años, ha tenido en los pocos días en que el caso está en sus manos una actitud muy beligerante respecto a los graves interrogantes que se ciernen sobre el papel de Joaquín Gambín. En concreto, solicitó una serie de comprobaciones que fueron muy bien acogidas por la defensa, pero que por el momento no han arrojado mayor luz sobre el actual paradero del procesado en rebeldía, Gambín.

La única testigo que declaró ayer fue María Teresa Cebrés Olivares, de veinte años, quien permaneció dos años en la cárcel implicada en el caso, hasta que el propio ministerio fiscal solicitó el libre sobreseimiento de todos los cargos. La testigo manifestó, como también habían hecho los acusados, que había sido torturada durante muchas horas en las dependencias policiales, y que por miedo se había ratificado ante el juez en sus declaraciones hechas a la policía anteriormente.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de diciembre de 1980

La sentencia por el “caso” Scala rebaja las penas solicitadas por el fiscal

ENRIC CANALS
Barcelona 10 de diciembre de 1980

La Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona dio a conocer ayer la sentencia del juicio contra los implicados en el incendio de la sala de fiestas Seala, hecho ocurrido el 15 de enero de 1978, y que costó la vida a cuatro trabajadores de dicho local.

La sentencia rebaja considerablemente a tres de los acusados -Jose Cuevas Casado, Francisco Javier Cañadas y Gascón y Arturo Palma Segura- las penas pedidas inicialmente -más de ochenta años, que luego el fiscal rebajaría a veinte- a la de diecisiete años de cárcel. Considera atenuante la minoría de edad de un cuarto -Luis Muñoz García, al que condena a seis meses de arreste mayor-mientras que de las dos chicas procesadas como encubridoras, a una de ellas -María Rosa López Jiménez- la condena a cinco meses de arresto mayor, absolviendo a María del Pilar Alvarez del delito de cómplice en la fabricación de los cócteles molotov que ocasionaron el incendio.

La sentencia hace referencia a cuatro procesados en rebeldía -entre ellos, Joaquín Gambín, al que la defensa y CNT han señalado como infiltrado y provocador.

Declarado en rebeldía por la Audiencia Nacional

ISABEL LLORENS
Murcia 12  de diciembre de 1981

Después del atentado contra la sala de fiestas Scala, de Barcelona, en el que murieron cuatro personas, Joaquín Gambín Hernández, de 52 años, natural de Rincón de Seca (Murcia), fue declarado en rebeldía por el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, que dicta una orden de busca y captura contra él.Meses después de difundirse esta orden en todas las comisarías del país, Gambín fue detenido en Elche (Alicante) en octubre de 1979. La policía le detuvo cuando pretendía cobrar un talón falsificado en el Banco Exterior de España de esa localidad. Acusado como inductor del atentado a la sala de fiestas, pasó varios meses en la cárcel de Alicante y, fue trasladado, con posterioridad, a la de Murcia, donde fue puesto en libertad en el mes de febrero de 1980.

Sin embargo, la policía de Elche conocía, cuando instruyó las diligencias de su detención, la orden de busca y captura que pesaba contra él, como lo atestigua un documento que obra en poder de los abogados defensores de los implicados en el atentado. A pesar de ello, meses más tarde Gambín fue puesto en libertad desde la prisión murciana.

En el mes de abril de 1980, Gambín aprovechó la muerte de un tío suyo, fallecido en accidente de tráfico, para hacer correr la voz de que había muerto. Pero en el mes de mayo de ese año, El Periódico de Cataluña comprobó que el delincuente estaba vivo y, residía con normalidad en la casa de sus padres, en Rincón Seca, donde se dedicaba a la venta ambulante de zapatos.

EL PAIS del 2 de diciembre de 1980 denunciaba que Joaquín Gambín se hallaba en libertad en Murcia, mientras que por esas fechas se celebraba en Barcelona el juicio contra los implicados en el atentado a la Scala.

El comité regional de la CNT de Cataluña solicitará la revisión del juicio por el denominado caso Scala, ha informado a Europa Press un portavoz del mencionado comité, «porque valora», dice textualmente, «que, a pesar e la tardía detención de Gambín, se abren nuevos elementos para la clarificación del caso Scala».

Según la CNT, «la revisión de este proceso pondría en evidencia a los verdaderos culpables». Además, considera «extraño que toda vez que el juicio ha concluido se proceda a la detención tardía de Gambín, circunstancia que pone en duda si no ha existido un intento de ocultar las vinculaciones de Gambín con los aparatos de seguridad del Estado».

La historia delictiva de Gambín comienza cuando éste tenía siete años y hacía contrabando de comestibles. Fue detenido en 1947 por primera vez. A partir de esa fecha pasó gran parte de su vida en diferentes prisiones del país, acumulando un total de veintiocho condenas. Esta calificado como «delincuente habitual», autor de robos, estafas y tenencia ilícita de armas.

En febrero de 1977 fue detenido en Murcia junto con algunos miembros de la CNT, acusados de fabricar explosivos. Pocos meses después quedaron en libertad al serles aplicada la amnistía.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de diciembre de 1981

Los confidentes siempre mueren dos veces

EL PAÍS

17  de noviembre de 1983

Joaquin Gambin
Joaquin Gambin

Joaquín Gambín falleció por primera vez en el mes de julio de 1979, en la carretera de Valencia, atropellado por un camión. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Rincón de la Seca, a pocos kilómetros de Alcantarilla, en plena vega murciana. Al sepelio asistieron dos militantes libertarios, que quisieron confirmar personalmente la muerte del confidente. Quedaba de esta manera sepultada una agitada biografía, que había surgido en los años de la posguerra, trajinando sacos de grano de estraperlo y saltando del tope a la vía del tren, mientras a su padre -“un guardia civil rojo”- se le apartaba del servicio. Fue en esa época cuando cayó por primera vez. En Lorca. Contaba 18 años de edad y acababa de colarse en el cuartelillo de la Guardia Civil para recuperar dos sacos de trigo, de 20 kilos cada uno, que acababan de serle confiscados. El incidente se saldó con seis meses de prisión. Esta fue su primera condena. Luego vino su primera fuga, de la cárcel de Murcia, adonde había sido conducido acusado de utilizar nombre supuesto. Gambín simuló una herida en la rodilla, evitando ser esposado y huyendo en el momento de ser conducido al Palacio de Justicia.

En 1976, cuando Joaquín Gambín Hernández compareció por enésima vez ante el juez, contaba ya con un generoso currículo delictivo, en el que se alineaban 16 causas por robo, nueve por quebrantamiento de condena, dos por atentado, tres por hurto una por falsedad y una por nombre supuesto Sobre sus espaldas habían recaído más de 200 años de condena y lo único que deseaba era acabar sus días en su casa del Rincón de la Seca, con sus padres, junto al naranjo que franquea la puerta, mitigando la úlcera de estómago.

Su última oportunidad la tuvo en la prima. vera de 1977, cuando cayó con un grupo de militantes libertarios en Murcia. Aquel mismo año él juzgado decretó su libertad provisional, al considerarse que estaba incluido en el indulto político. Días antes, el abogado murciano Emilio Botía había acudido hasta el juzgado y se había entrevistado con el magistrado Gómez Chaparro para reclamarle la libertad de los cenetistas y, por extensión, la del compañero Gambín. Gómez Chaparro frunció el entrecejo, esbozó una mueca e inquirió al letrado diciéndole: “¿Pero ya saben ustedes que ese Gambín es peor que el Lute?”.

Con la libertad recién estrenada regresó a Rincón de la Seca. Por las mañanas se le podía encontrar en los mercados y en las ferias, montado en el pescante de su furgoneta, voceando su carga de zapatos, sandalias y alpargatas. Por la tarde se le localizaba apoyado en la barra de fórmica de un bar, meciendo en la mano un vaso de cerveza. Por la noche, con los grupos libertarios, en la casa de Isabel, junto a la vía del tren. Fue en esa época cuando surgió el pacto con la policía.

Gambín falleció por primera vez en aquel verano de 1979, después de lo de Scala y de lo de ERAT. Luego se descubrió que todo había sido un ardid, que el muerto era su tío y que él continuaba viviendo en Rincón de la Seca, eludiendo la acción policial y de los grupos anarquistas. En enero de 1981, sería detenido fmalmente en Valencia.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de noviembre de 1983

La CNT presentará querella contra la policia y Martín Villa por el ‘caso Gambín’

 
Barcelona 24 de diciembre de 1983

La CNT presentará querella contra la policía y el ex ministro del Interior Rodolfo Martín Villa por haber introducido un confidente -Joaquín Gambín- en el seno del sindicato, según anunciaron ayer en conferencia de prensa los dirigentes del sindicato anarquista.Según los cenetistas, la introducción de un confidente significa “un allanamiento de los datos e intimidad del sindicato”. Consideran que la policía y Martín Villa realizaron un allanamiento por personaje interpuesto, con malicia y dolo, teniendo en cuenta que la CNT era y es un sindicato legalizado.

“No nos importa tanto la información que Gambín haya podido dar del sindicato como el hecho mismo de la infiltración”, señalaron los dirigentes de la CNT, quienes añadieron que en la sentencia del juicio contra Gambín se dice claramente que era confidente de la policía, aunque no se reconozca su papel como inductor del incendio de la sala de fiestas Scala, como ellos siguen creyendo que fue.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de diciembre de 1983

D. Rodolfo Martín Villa. Siempre ¡Presente!

Nace en Santa María del Páramo, León, el 3 de octubre de 1934.

Cursó el bachillerato en el Colegio de los Agustinos, de León, y la carrera de Ingeniero Industrial en la Escuela de Madrid.

Ingresó por oposición en el Cuerpo Especial de Ingenieros Industriales al servicio de la Hacienda Pública.

Puestecillos ocupados durante el régimen del generalísimo (selección muy selectiva):

Jefe Nacional del SEU Presidente del Sindicato de Papel, Prensa y Artes Gráficas, Delegado provincial de Sindicatos en Barcelona, Director general de Industrias Textiles del Ministerio de Industria, en noviembre de 1969 fue nombrado secretario general de la Organización Sindical CNS, en 1974, gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Barcelona, el11 de diciembre de 1975, Ministro de Relaciones Sindicales, como procurador en Cortes, perteneció a las Legislaturas VII, VIII, IX , X

El 7 de julio de 1976, fue nombrado ministro de la Gobernación por el primer gobierno de Adolfo Suárez.

El 15 de junio de 1977 fue nombrado senador real, cargo en el que cesó al ser disueltas las Cortes en diciembre de 1978. Al formarse el nuevo Gobierno el 4 de julio de 1977, es confirmado como ministro de la Gobernación (Interior). Siendo él Ministro de Gobernación (Interior) y Manuel Jiménez de Parga (actual presidente del Tribunal Constitucional) Ministro de Trabajo tuvo lugar el criminal suceso del “Scala” de Barcelona. Fue ministro de Interior hasta el 6 de abril de 1979, fecha en que era sustituido por Antonio Ibáñez Freire.

El 8 de septiembre de 1980 fue nombrado Ministro de Estado para la Administración Territorial, en el último gabinete de Adolfo Suárez. En el de Calvo Sotelo fue confirmado en su carrera, con el rango de Vicepresidente de Administración Territorial, y en el segundo Gobierno de Calvo Sotelo, fue nombrado vicepresidente para Asuntos Políticos.

En las elecciones generales celebradas el 1 de marzo de 1979 resultó electo diputado (UCD) por León y durante la legislatura ejerció como miembro por el Grupo Parlamentario Centrista de la Diputación Permanente.

Reelegido diputado en 1982, renunció al acta con fecha 9 de febrero de 1983. El 29 de julio de 1982 cesa por real decreto como Vicepresidente primero del Gobierno, tras ser nombrado Secretario de organización de UCD.

En septiembre de 1985, ingresa en el PDP que presidía Oscar Alzaga. Fue elegido Presidente del comité regional de Castilla y León. En 1987 anuncia su candidatura a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en las elecciones del 10 de junio de 1987. Por razones que bien conoce Aznar, D. Rodolfo tuvo la amabilidad de retirarse y no competir con la candidatura de S.E que por aquel entonces también se presentaba a las mismas elecciones.

El 11 de febrero de 1988, el Consejo de Administración de Cajamadrid acordaba que la Comisión ejecutiva de la entidad estuviese constituida por 7 vocales, entre ellos, Rodolfo Martín Villa. Más tarde, el 8 de febrero de 1990 presentó la dimisión, como consecuencia del dictamen publicado sobre incompatibilidades de diputados dentro del Estatuto de los Diputados. No obstante, sí le fue reconocida su participación como accionista del 16,66 % de la empresa Cliner SA, que mantiene contratos con las Administraciones Públicas.

Es accionista desde su fundación en 1985 al igual que su esposa.

Con el ojo avizor que le caracteriza, en enero de 1989 ingresó en Alianza Popular, AP, unos días antes del IX Congreso del Partido celebrado el día 20 de enero, durante el cual dicho grupo pasó a denominarse Partido Popular. […] En las elecciones generales del 29 de octubre de 1989, se presentó por Madrid y fue elegido diputado del Partido, y es presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja.

En el X Congreso del Partido, celebrado en Sevilla el 31 de marzo de 1990, fue elegido miembro de la Ejecutiva del partido.

 

Rodolfo Martín VillaEl 19 de agosto de 1985, Antonio Cubillo acudió a la Audiencia Nacional para prestar declaración en relación a un atentado del que fue objeto en abril de 1978. A la salida de la Audiencia, manifestó que uno de los responsables fue el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, quien el 30 de enero de 1990 solicitó al independentista 10 millones de pesetas por presunto delito de calumnias. Finalmente, en julio de 1991 la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a Cubillo del delito de calumnia, al igual que el Tribunal Supremo cuya sentencia expone que “no se puede prescindir de la condición de víctima del grave atentado que lamentablemente ostenta el acusado”.

D. Rodolfo Martín Villa fue el encargado por la dirección del partido de dialogar con Hormaechea, presidente de Cantabria, procesado por un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos, motivo por el cual se planteó su dimisión. Hormaechea, tras el resultado de las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 1991, se unió al PP y el 2 de julio fue elegido presidente.

Martín Villa, en las elecciones generales del 6 de junio de 1993, fue reelegido diputado por Madrid. Además, fue presidente de la Comisión de Control de la Caja de Ahorros de Madrid, y vocal del Comité Ejecutivo de su partido.

El 23 de octubre de 1995 fue reelegido presidente de la Comisión de Control de dicha entidad bancaria y es miembro del Comité Ejecutivo.

En las elecciones generales del 3 de marzo de 1996, renovó su acta de diputado por Madrid del Partido, partido que obtuvo la mayoría. El 16 de mayo, fue nombrado presidente de la Comisión de Justicia e Interior, en el Congreso de los Diputados.

No obstante, el 11 de febrero de 1997 renunció a su acta de diputado al ser nombrado por S.E, días antes (7/2/97), presidente de Endesa por el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Participaciones Industriales, SEPI.

[…] El 19 de marzo 1997, fue nombrado miembro del Consejo de Administración de CEPSA.

Durante su estancia en Endesa, ha dirigido su privatización lo que le ha llevado a quedarse en ella. El 29 de septiembre de 1997, se pusieron por primera vez sus acciones en bolsa y el 5 de junio de 1998, concluyó la venta un segundo grupo de acciones.

El 12 de noviembre, compareció ante una comisión del Parlamento chileno para explicar la alianza estratégica firmada en agosto entre Endesa y el consorcio chileno Enersis.

Unos días más tarde, el 28 de esa misma fecha, era designado vicepresidente de Enersis, en la primera reunión de su consejo de administración. Y el 30 de marzo de 1999, fue nombrado presidente, en sustitución de José Antonio Guzmán.

[…]

Enviado por estadono

SOCIEDAD
 

Pidió de rodillas el carné de la CNT

EL PAÍS
21 de noviembre de 1983

El Comité Regional de Cataluña y el Comité Nacional de Madrid de la CNT redactaron en 1977 un comunicado de apoyo a Joaquín Gambín Hernández. Meses más tarde, en Murcia, la organización decidió otorgarle el carné, pese a la oposición de dos de sus más destacados militantes, Isabel Torrano y Roque Cano Pérez.”Vino a mi casa, sé puso de rodillas y empezó a besarme las manos. Me dijo que la organización se había preocupado por sus padres durante el tiempo que estuvo en prisión y que gracias a la CNT no le había faltado el tabaco durante la época en que estuvo encarcelado. A continuación me pidió el carné de la CNT.” Isabel Torrano explica así la génesis de ese enfrentamiento con Gambín, que fue desoído por los responsables de la CNT de Murcia.

Isabel Torrano, ahora con la perspectiva de los años transcurridos, asegura que todo fue un inmenso error cometido a causa de esa “generosidad” que tiene el movimiento anarquista. Asimismo reconoce que no existían razones concretas para oponerse a que le dieran el carné a Gambín. Luego bucea en el recuerdo y evoca como detalles de esta desconfianza “esas relaciones homosexuales que mantenía con uno de los militantes anarquistas” y “su actitud de aquel día, besándome las manos, allí de rodillas”. “Pero sobre todo”, asegura, “porque no era anarquista ni una persona de fiar”.

Meses antes, Roque Cano Pérez había intentado también que se debatiera el tema de la inclusión de Gambín en la organización. Roque Cano había participado junto con Gambín en el atraco a un banco en Cabezo de Torres, Murcia, para conseguir dinero para la organización. Gambín no sólo reclamó una parte del botín, sino que también acabó robando parte del dinero. La denuncia de Roque Cano contra Gámbín fue desoída por la CNT y el delincuente, a la sazón en prisión, buscó la protección de José Cuevas, que actualmente cumple. condena por el atentado a Scala.

Por esa época, y a raíz de la detención del delincuente y de otros militantes en Murcia, el Comité Regional de Barcelona y el Nacional de Madrid tomaron acuerdos de apoyo a Gambín que quedaron reflejados por escrito. Emilio Botía, abogado de la CNT y colegiado en Murcia, asegura que en Madrid se conserva copia de estos documentos.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de noviembre de 1983

 

Gambín asegura que estuvo en contacto con dos ex miembros de la OAS que pertenecían a los servicios de información

 MANUEL MUÑOZ
Valencia 8 JUN 1985

Joaquín Gambín Hernández, alias el Griffo, de 56 años y condenado a 7 años por su relación con el caso Scala, compareció ayer en Valencia ante la Audiencia Provincial, como procesado por tenencia ilícita de armas,de útiles para el robo y falsificación y conspiración para el robo. Gambín manifestó ante el tribunal que perteneció al “servicio de información”, que fue contratado para ello por la policía de Murcia y que sus viajes a Castellón antes de ser detenido fueron realizados para visitar en Benicasim a dos hermanos, franceses, antiguos miembros de la OAS, para que le facilitara el paso de la frontera francesa. Dijo que los dos hermanos, a los que no citó por su nombre, también pertenecían al “servicio de información”.

Gambín fue condenado a finales de 1983 a siete años de prisión por la Audiencia Provincial de Barcelona, en relación con el atentado perpetrado el 15 de enero de 1978 por miembros de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) contra la sala de fiestas Scala de Barcelona. Gambín siempre alegó que actuó como infiltrado de la policía. En el atentado murieron cuatro trabajadores. Pese a que se encuentra cumpliendo condena en la prisión provincial de Murcia, y a que el ministerio fiscal le solícita por la causa vista ayer un total de 14 años y dos meses, Gambín acudió al juicio sin custodia policial, dado que disfrutaba de un permiso de 48 horas.Después de pesar contra él, durante años, una orden de busca y captura por su relación con el caso Scala, Gambín no fue detenido hasta la noche del 3 de diciembre de 1981, en la Estación de Ferrocarriles del Norte de Valencia, a raíz de una denuncia espontánea de tráfico de armas formulada por un ciudadano de Arabia Saudí llamado Said Abbas.

El abogado defensor de Gambín, Santiago Miralles, que lleva el caso de oficio, pidió la suspensión del juicio hasta que compareciese el denunciante, pero la representante del ministerio fiscal pidió la continuación y la sala optó por esta segunda posibilidad. El juicio quedó ayer visto para sentencia.

Según la versión oficial de los hechos dada en aquel momento, el ciudadano árabe, que había ido a la estación a despedir a un amigo, llamó a la policía para decir que dos personas, cuya descripción facilitó, se estaban intercambiando armas. Poco después eran detenidos Gambín y Juan Martínez, que coincidían con la descripción. El delito de tráfico de armas no figuraba en la acusación, pues no parece estar probado. Sí, en cambio, el de tenencia ilícita, pues Gambín portaba un revólver Orbea del calibre 38, cargado y munición al ser detenido. Además se encontraron en el domicilio que ocupaba en Valencia cuatro armas cortas más, munición, y útiles para disfrazarse y falsificar documentos. También llevaba un pasaporte falso a nombre de Juan Martínez Sánchez.

Junto con Gambín fue detenido Juan Martínez Martínez, que en la actualidad se encuentra en rebeldía. La noche en que fue detenido, Gambín intentó escapar de la comisaría de la estación y, tras ser perseguido por dos policías municipales, fue herido por uno de ellos en la espalda. Según manifestó el procesado, dado que la bala se le alojó junto a la columna vertebral, no le ha sido extraída, pues la operación presentaba riesgos. Debido a su estado, Gambín, que llevaba bigote, gafas doradas, chaqueta y pantalón de verano en tonos de azul claro, y camisa amarillo pálido, utiliza una muleta para caminar. Cuando se sentó en el banco de los acusados, se colocaba la mano izquierda en la espalda para no apoyar el lugar donde tiene alojada la bala contra el respaldo de madera.

Sin intención de atracar Aparecía tranquilo y no negó la propiedad de las armas y los diversos útiles que se le ocuparon. Sí negó, no obstante, la intencionalidad de atracar, en compañía de Juan Martínez, una oficina del Banco Hispano Americano de Castellón. Los viajes a esta ciudad en tren realizados en esa época los atribuyó el procesado a que acudía a Benicasírn, localidad vecina a Castellón. Explicó que el fin de esos desplazamientos era ver “a dos hermanos franceses, que habían estado en la OAS y trabajaban aquí para el servicio de información”, descripción que apunta a los hermanos Perret, vinculados primero al Batallón Vasco Español y luego los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

Gambín dijo que con ello intentaba que le proporcionasen un pasaporte para cruzar la frontera francesa. “Los terroristas me estaban buscando y yo iba a Benicasím a ver si conseguía ayuda% explicó. En cuanto a las pistolas que poseía sin licencia y la munición, dijo que él lo que intentaba con ello era irles quitando armas a los terroristas y, en todo caso, utilizarlas contra éstos, y “nunca contra la policía”.

Gambín precisó que si sacó el arma en la estación cuando dos policías municipales le perseguían fue para tirarla y no para disparar contra ellos.

En sus declaraciones, los dos municipales indicaron que Gambín sacó el arma y apuntó con ella a uno de los agentes, por lo que el otro le disparó y le hirió.

Gambín explicó que no es un delincuente sino “un confidente” y, con referencia seguramente al caso Scala, señaló: “Por defender la ley me han procesado”.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de junio de 1985

 

Gambín, condenado en el ‘caso Scala’, sentenciado a cuatro años de cárcel

 FULVIA NICOLAS
Valencia 19 de julio de 1985

Joaquín Gambín, alias el Grillo, condenado a siete años de cárcel por su participación en el caso Scala, ha sido sentenciado por la Audiencia Provincial de Valencia a un total de cuatro años y tres días de cárcel por diversos delitos: tenencia ilícita de armas, uso de nombre supuesto, conspiración para cometer robo, falsificación de documento nacional de identidad en grado de tentativa, tenencia de útiles para robos y tenencia de útiles para cometer falsedad.

Gambín, de 56 años de edad, está actualmente cumpliendo, en la prisión provincial de Murcia, una pena de siete años de cárcel, a la que fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona por su relación con el caso Scala. La sentencia ahora dictada por la Audiencia Provincial de Valencia hace referencia a delitos cometidos hasta su captura, en diciembre de 1981, cuando fue denunciado por un ciudadano árabe que le vio intercambiándose armas con otro hombre en la estación de Ferrocarriles del Norte, de Valencia. Detenido a raíz de esa denuncia, Joaquín Gambín, sobre el que pesaba una orden de busca y captura, fue procesado por tenencia ilícita de armas y de útiles para la falsificación y el robo, que fueron hallados en su domicilio, y por conspiración para el robo.

En la vista oral de esta última causa, celebrada en Valencia el pasado 6 de junio, Gambín aseguró haber trabajado para los servicios de información españoles, para los que dijo haber sido contratado por la policía de Murcia. En 1983, cuando fue juzgado en Barcelona por su relación con el atentado a la sala de fiestas Scala, perpetrado en el año 1978 por supuestos miembros de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) , Joaquín Gambín alegó que había actuado como infiltrado de la policía.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Viernes, 19 de julio de 1985

 
 

Gambín, condenado por el ‘caso Scala’, fue puesto en libertad el pasado mes de noviembre de 1986

MANUEL MUÑOZ

Valencia 8 MAR 1986

Joaquín Gambín Hernández, alias el Grillo, de 57 años, que se confesó agente de los servicios secretos, condenado a 7 años de cárcel por su participación en el caso Scala y con varios autos de prisión pendientes, fue puesto en libertad condicional en la cárcel de Murcia el pasado 16 de noviembre. En los ordenadores del Ministerio de Justicia figura como condenado a cuatro años por un delito de tenencia de explosivos. Además, en julio de 1985 fue condenado por la Audiencia Provincial de Valencia a cuatro años y tres días por varios delitos, entre ellos, el de tenencia ilícita de armas.

La última sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo, pero existe un auto de prisión incondicional contra Gambín por este caso. La última busca y captura decretada contra él fue emitida el pasado 10 de febrero por la comisaría de Molina de Segura (Murcia), que implicaba a Gambín en una estafa por el procedimiento del nazareno (compra de género mediante pagos aplazados que no llegan a abonarse). Curiosamente, esta orden de busca y captura fue cancelada el pasado jueves día 6.No es la primera vez que Joaquín Gambín, según su propia confesión confidente de la policía y miembro de los servicios secretos, es puesto en libertad aunque pesen contra él autos de prisión. Precisamente en la cárcel de Murcia, la misma de la que ahora ha vuelto a salir, fue puesto en libertad en febrero de 1980. En aquella ocasión pesaba contra él una orden de busca y captura por su participación en el caso Scala.

Durante aquel año, se dejó ver repetidas veces por Murcia y residía con su familia en el pueblecito huertano de Rincón de Seca, sin que fuese detenido por la policía (véase EL PAÍS de 2 de diciembre de 1980). Las apariciones y desapariciones de Gambín, oscuro personaje de largo historial delictivo, han estado vinculadas también a historias tan fantásticas como la de su falsa muerte.

El 5 de marzo de 1979 falleció su tío Joaquín Gambín Martínez, que se ganaba la vida conduciendo un camión, víctima de un extraño accidente, ocurrido en Quintanar de la Orden (Toledo), a 40 metros de la carretera general que une Madrid con Cartagena. El accidente era considerado por los hijos del tío de el Grillo especialmente sospechoso porque el cuerpo del muerto fue encontrado por la Guardia Civil aplastado por el volquete del camión al volver éste a su posición de reposo.

Todo parece indicar que Gambín utilizó la muerte de su tío para hacer creer a los militantes de Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de Barcelona, organización en la que estuvo infiltrado cuando el caso Scala, que había muerto.

Los hijos del tío de Gambín esperaban que el juicio contra el Grillo a raíz del caso Scala contribuyese a esclarecer la misteriosa muerte de su padre. No fue así y este asunto permanece tan en tinieblas como las extrañas puestas en libertad de Gambín. El director de la cárcel de Murcia, José Martínez, manifestó ayer que Gambín fue puesto en libertad condicional porque ya había cumplido las tres cuartas partes de la condena por el caso Sacala. El Grillo, condenado a 7 años por ese motivo, fue detenido el 3 de diciembre de 1981, en la Estación de Ferrocarriles del Norte, de Valencia, a raíz de una denuncia espontánea por tráfico de armas, formulada, según la versión oficial, por el saudí Said Abbas.

Contactos en Benicàssim

Durante la vista del juicio que se celebró en Valencia, el Grillo no tuvo ningún recato en asegurar que había pertenecido al “servicio de información”. Además declaró que los viajes frecuentes que había hecho poco antes en tren desde Valencia a Castellón se debían a que iba en realidad a Benicàssim, localidad cercana a esa capital. Dijo que allí iba a ver “a dos hermanos franceses, que habían estado en la OAS y trabajaban aquí para el servicio de información”.Esa descripción coincide con la de los hermanos Gilbert y Clément Perret, el segundo de los cuales fue asesinado por ETA el pasado mes de agosto. Gilbert se encuentra en la actualidad procesado y en libertad bajo fianza como supuesto participante en el incendio de una fábrica de zapatos en Torrent (Valencia), de acuerdo con el propietario, para cobrar la póliza de seguros. En el mismo sumario están procesados un oficial del Ejército de Tierra y un Policía Nacional.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de marzo de 1986

 
PALOMA REVERTE
Murcia 14 MAR 1986

Joaquín Gambín Hernández, alias el Grillo, condenado a siete años de cárcel por su participación en el incendio del Scala de Barcelona, regresó voluntariamente el miércoles a la cárcel de Murcia. Según el director de la prisión, José Martínez Socias, “Gambín manifestó su deseo de rehabilitarse”. Dijo que volvía al enterarse por EL PAÍS de que tenía varias causas pendientes.

Joaquín Gambín, de 57 años, que se encontraba en libertad condicional desde el 16 de noviembre, tendrá que cumplir ahora una condena de seis años de prisión menor por un delito de robo, según una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante. A El Grillo se le había concedido la libertad condicional por haber cumplido las tres cuartas partes de la pena impuesta en el caso Scala y por reunir los requisitos exigidos, dijo el director de centro penitenciario. Además Gambín tiene pendiente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aún sin resolver, y contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincia que le condenaba a una pena de cuatro años por tenencia ilícita de armas, hecho por el que nunca llegó a estar en prisión.A pesar de que el preso manifestó que regresaba a la cárcel tras haber leído la información aparecida en EL PAÍS del pasado 8 de marzo, el director de la prisión declaró que había comunicado la sentencia firme de la Audiencia Provincial de Alicante a la comisión de asistencia social de Murcia, que actuaba como delegado patrocinador de Gambín (responsable, de su actuación mientras se encontraba fuera de la cárcel).

El director de la cárcel envió un telegrama a la Audiencia Provincial de Alicante y puso en conocimiento del juez penitenciario la decisión de Gambín con el fin de que se aclare su situación. El Grillo permanecerá en el pabellón de ingresos hasta que se ordene su traslado al módulo de penados. Desde que obtuvo la libertad provisional, Gambín ha residido en Valencia, donde trabajaba como representante de una fálbrica de calzado. En la comisaría de dicha ciudad se presentaba los 1 y 15 de cada mes.

Según Martínez Socias, “Gambín es un hombre que ha dado muchos tumbos. Ahora, con la edad que tiene, quiere cuimplir con la justicia y vivir tranquilo el tiempo que pueda”.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de marzo de 1986

El Caso Scala y los Pactos de La Moncloa

Publicado el 24 ene. 2016

El Caso Scala marcó un punto de inflexión en la transición española para el movimiento anarcosindicalista y libertario. Un montaje policial realizado desde las más altas esferas del poder del estado.

Caso Scala: terrorismo de Estado

Subido el 3 may. 2010

Fragmento del programa documental de RTVE Redes 439 “Se hace un terrorista”. Frente a las construcciones simplificadoras “oficiales” (por llamarlas de alguna manera), propone un verdadero ejercicio de “memoria histórica”, remontándose hacia el siglo pasado desde un episodio tan reciente como el atentado contra la sala de fiestas Scala durante la Transición española. De plena actualidad, con siniestras proyecciones en el presente.

La guerra sucia contra el movimiento libertario: El Caso Scala

Subido el 17 ene. 2011

El 15 de enero de 1978, a las 13.15 horas, un incendio destruye la sala de fiestas Scala de Barcelona, provocando la muerte de cuatro trabajadores. En 48 horas son localizados los presuntos autores del atentado por parte de la policía, identificados de entre los 10.000 manifestantes que acababan de participar en la manifestación convocada por CNT contra los Pactos de la Moncloa. Esos Pactos firmados por el PSOE y CCOO que iban a marcar un antes y un después en la capacidad de la clase trabajadora española para hacer frente la flexibilización y precarización capitalista del mercado de trabajo que necesitaba la reforma económica neoliberal.

Con este atentado y la represión posterior contra el conjunto del movimiento libertario, el Gobierno neofranquista de UCD y el entonces ministro del Interior Martin Villa perseguían erosionar la imagen publica de la CNT y de todo el movimiento libertario – que por aquél entonces, con sus 100.000 afiliados sólo en Cataluña, constituía una seria amenaza para los pactos, consensos y tejemanejes de los que la izquierda institucional y la cúpula politica y empresarial franquista fueron protagonistas durante la llamada Transición.

Caso Scala terrorismo de Estado

Publicado el 5 jul. 2016

El domingo 15 de enero de 1978, hace ahora 35 años, la CNT organizó una manifestación en Barcelona contra la firma de los Pactos de la Moncloa y las elecciones sindicales. En la misma se juntaron cerca de 15.000 trabajadores que se oponían a ese pacto social. Tras años de represión, la CNT mostraba nuevamente su vitalidad.A las 13:15 horas, terminada la manifestación, un grupo de personas ataca con cócteles Molotov la sala de fiestas más conocida y de más éxito de Barcelona en aquellos momentos, la sala “Scala”, situada en la esquina de la calle Consejo de Ciento y Paseo de San Juan. El resultado inmediato fue la muerte de cuatro trabajadores de la sala: Diego Montero, Bernabé Bravo, Ramón Egea y Juan Manuel López; tres de los cuales eran afiliados de la propia CNT.
Este hecho, como se demostró posteriormente en las investigaciones, fue el primer caso de terrorismo de Estado dentro de la Democracia, siendo por entonces ministro de la Gobernación el ex-falangista, Rodolfo Martín Villa, conocido como “la porra de la transición” por la dureza de la represión que ordenaba contra las manifestaciones obreras y estudiantiles. Luego vendrían otros casos, con la UCD, como el intento de asesinato del independentista canario Antonio Cubillo y posteriormente, con Felipe González, el caso GAL.
Pero en enero de 1978 a Martín Villa no le preocupaba tanto ETA (era un momento de un gran número de atentados terroristas) sino los anarquistas: “No me preocupa ETA, quienes de verdad me preocupan son los anarquistas y el movimiento libertario”, declaró entones a la prensa.
Tan sólo cuarenta y ocho horas después, el martes 17 de enero un comunicado de la policía informó de la detención de todos los presuntos autores del atentado, a quienes inmediatamente se les relacionó con la CNT. Los habían identificado rápidamente entre 15.000 manifestantes. Todo un éxito policial… demasiado fácil. Así recogía la noticia la agencia Pyresa:
«Un comando de la FAI (Federación Anarquista Ibérica), integrado por tres sujetos en cuyo poder se ha hallado asimismo documentación que les acredita como afiliados a la central sindical CNT ha sido autor, según la Jefatura de Policia de Barcelona, del atentado contra el restaurante-espectáculo Scala.»
Así fue como el Estado relacionó a los detenidos con la CNT y el atentado con la manifestación. Bajo la dirección del gobernador civil José María Belloch y del comisario Francisco Álvarez, empezaron las detenciones en los medios anarcosindicalistas y una campaña mediática contra la CNT
La operación policial no acabó con estas detenciones. En los días posteriores fueron detenidas alrededor de 170 personas más mientras se lanzaba un gran despliegue deacreditando desde numerosas instancias al sindicato anarquista. El caso Scala marcó el comienzo de una intensa campaña de atentados contra el
Movimiento Libertario y contra una CNT, de nuevo en auge y que contaba con 100.000 afiliados solo en Cataluña.
La vista del caso tuvo lugar en diciembre de 1980. Los abogados defensores solicitaron que el ministro de gobernación, Rodolfo Martín Villa, acudiese a declarar, pero no lo hizo. Tampoco lo hizo Joaquín Gambín, confidente de la policía y responsable del incendio del Scala según la defensa. Gambín había logrado fugarse de la prisión de Elche en extrañas circunstancias y, a pesar de que tenía varias órdenes judiciales de busca y captura, la policía no pudo dar con su paradero.
La posición de la defensa apuntaba hacia un montaje policial orquestado mediante confidentes infiltrados en el sindicato CNT con el objetivo de desacreditar al sindicato ante los trabajadores y evitar así su progresión en Cataluña. La sentencia condenó a José Cuevas, Xavier Cañadas y Arturo Palma a 17 años de prisión como autores de un delito de homicidio involuntario y por fabricación de explosivos; Luis Muñoz fue condenado a dos años y seis meses por complicidad, y Rosa López, a 5 meses por encubrimiento. El recurso presentado por los abogados defensores, por quebrantamiento de forma y denegación de pruebas por la no comparecencia de Martín Villa en la vista, fue rechazado por el Supremo.

3 comentarios en “El Caso Scala. Un proceso contra el anarcosindicalismo”

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